Europa clarifica la normativa sobre cámaras de seguridad en el interior de los vehículos
Con el auge de los sistemas de seguridad automotriz y la popularización de las dashcams, muchos conductores han optado por instalar cámaras de videovigilancia en sus habitáculos para prevenir robos, vandalismo o tener pruebas gráficas en caso de accidente. Sin embargo, este rápido incremento en la grabación privada había generado un vacío legal y mucha confusión respecto a la intimidad de los viandantes y pasajeros. Ante esta situación, las autoridades europeas de protección de datos han emitido nuevas directrices para aclarar exactamente qué está permitido y qué actuaciones pueden conllevar fuertes sanciones económicas bajo el marco del RGPD.
La normativa especifica que la instalación de este tipo de cámaras es completamente legal, siempre y cuando su uso sea estrictamente personal o doméstico. Para cumplir con la ley, el dispositivo no puede suponer una pérdida de visibilidad en el parabrisas ni manipularse durante la marcha, lo que supondría una infracción de tráfico sancionable. En términos de privacidad, la regla de oro es evitar la videovigilancia continuada e indiscriminada de la vía pública. Por ello, se recomienda encarecidamente que las cámaras graben en bucle cerrado (sobrescribiendo el material antiguo continuamente) o que se activen únicamente mediante sensores de impacto y movimiento puntual cuando el vehículo está aparcado, captando solo el marco temporal exacto del incidente.
El uso posterior que se le da a esas imágenes es el punto más restrictivo de la nueva clarificación. Las grabaciones son totalmente admisibles y válidas como prueba legal para entregar a las compañías de seguros o a las autoridades judiciales tras un siniestro. No obstante, publicar estos vídeos en redes sociales, grupos de mensajería o plataformas de vídeo sin anonimizar previamente las matrículas de otros vehículos o los rostros de los peatones, constituye una vulneración directa de la normativa de privacidad. Las autoridades advierten de que difundir este tipo de contenido identificable anula el pretexto del "uso doméstico" y puede derivar en multas muy severas para el propietario de la grabación.
Por último, el marco legal establece una diferenciación estricta entre los vehículos particulares y los que se utilizan con fines comerciales. Si la cámara interior se instala en una flota de empresa, un taxi o un vehículo VTC, el tratamiento de los datos deja de considerarse privado. En estos escenarios, pasa a ser obligatorio registrar la actividad y colocar carteles informativos claramente visibles que adviertan a los ocupantes de que están siendo grabados. Esta actualización de las directrices busca finalmente ofrecer seguridad jurídica a los conductores que desean proteger su propiedad, trazando una línea definitiva para que la seguridad a bordo no se convierta en una herramienta de vigilancia pública descontrolada.